LA ADOPCIÓN EN PELIGRO DE MUERTE

Por Eduardo José Cárdenas [1]

La adopción es una de las instituciones sociales más interesantes. Es una colaboración entre dos familias: una tuvo un hijo pero no quiere o no puede criarlo; la otra desea un hijo pero por lo general no puede tenerlo y en cambio puede y quiere criar al engendrado por la primera. Entre las dos, completan la tarea. Y esto es interesante, dije, porque va más allá de los límites de la familia nuclear y más allá también de la “apropiación del hijo” a la cual es proclive la filiación con detonante biológica. Es una muestra de solidaridad social.

Para que este “traspaso” del niño, de una familia a otra, se produzca con cuidado; para que el niño no se “caiga” de la red social y quede, entonces sí, “abandonado”, los operadores sociales (jueces, abogados, asistentes sociales, psicólogos, amas externas, hogares de tránsito, etc.) que intervienen en la gestión, deben procurar en todo momento el consenso de todos los protagonistas sobre el “traspaso del cuidado” del niño: de los miembros de la familia donde el niño fue engendrado, de los operadores sociales intermedios y, por cierto, de la familia adoptante. Este acuerdo es su primera “cuna social”, una red continente que lo sostiene en la vida. La falta de consenso provoca agujeros en esta red, por los cuales el niño se cae.

Estos acuerdos deben celebrarse con el consentimiento de todos y, para que sean reales, todos deben estar informados y en condiciones de elegir. He aquí una dificultad grande, cuando la familia que engendró al niño, por su extrema pobreza, no está en condiciones verdaderas de decidir. El consentimiento, en estos casos, puede ser todo lo “informado” que se quiera, pero no es real. El Estado tiene la obligación de colocar a esa familia en condiciones de decidir, y no lo hace. Este es un primer drama inocultable de esta institución, en sí tan hermosa.

Para paliarlo, con buena intención, la ley ha ideado un sistema por medio del cual el niño debe ser siempre entregado a través de los canales oficiales. De este modo, teóricamente, el Estado cumpliría su misión de evitar que sea la pobreza la que decide la entrega. Esto se basó en una desconfianza completa de las redes sociales naturales que la gente hasta entonces usaba para entregar a los chicos (la vecina, la monja, el comisario, la médica, la ONG,      etc.). Así fue como se prohibió la entrega de la guarda para adopción por escritura pública, se crearon los Registros de Adoptantes y se instauraron otras medidas.

Y esto ha traído consigo un segundo drama: las adopciones están desapareciendo. Las familias que quieren entregar a su hijo en adopción, por razones comprensibles, no han querido ir a presentar su problema ante una autoridad estatal. No se trata aquí de pensar ni hablar mal del Estado, sino de constatar un hecho: la adopción se está muriendo. No se sabe por qué circuito los chicos se van, ni adónde.

Me pregunto a esta altura, como muchos, si no estamos matando la adopción. Si en lugar de ayudar a la gente a tomar decisiones dignas, no la estamos empujando en el camino del delito. Me pregunto sinceramente si no hubiéramos hecho mejor en fortalecer y limpiar las redes sociales existentes (que tienen algo de suciedad, pero que en su mayoría son bien intencionadas) sin estigmatizarlas y desdeñarlas como hemos hecho.

¿No habremos querido, una vez más, “civilizar” la “barbarie”, con los resultados de siempre?

Notas

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El autor fue desde 1979 a 1999 juez de asuntos de familia. Desde entonces es abogado consultor y mediador en esa especialidad. Docente y publicista, es asesor y fundador de la Fundación Retoño.

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